viernes, 9 de mayo de 2008

Sentencias colapsadas

Si queremos encontrar un buen ejemplo para que nos ayude a entender lo qué es la incompetencia laboral, tan sólo tenemos que fijarnos en la desgana y en la poca eficacia con la que actúan los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un organismo que ha necesitado pasar por un caso como el de Mari Luz, la niña asesinada en Huelva, para ponerse las pilas y poder descubrir lo que tenía que haber descubierto hace ya mucho tiempo: que en España hay 270.000 sentencias sin ejecutar.
La condición de interinos en la que se encuentran los veintiún miembros de este Consejo –hace quince meses que acabaron su mandato y que deberían haber sido reemplazados- justifica, sin duda, el porqué de la desidia con la que ejercen sus funciones; que son: nombramientos de altos cargos de la judicatura, ascensos, inspección de juzgados y tribunales y régimen disciplinario. Vamos, lo necesario para que el organigrama judicial funcione correctamente. Pero en vez de entonar estos señores el mea culpa por no haber sido capaces de prevenir tanta sentencia sin cumplir, han redactado un ‘infumable’ informe en el que le echan la culpa de lo sucedido a la carestía que sufren de personal y de medios informáticos. Estoy convencido de que si a este informe le hubieran dibujado muñecos, hubiera sido un gracioso tebeo.
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