Guste o no guste, el derecho a huelga está vetado constitucionalmente a militares, parlamentarios y jueces. Esto es así porque se produciría una hecatombe social si se permitiese a los militares abstenerse de hacer su cometido, a los parlamentarios paralizar la creación o aprobación de leyes o a los jueces interrumpir la aplicación de éstas, aunque sea transitoriamente. En los últimos tiempos, más concretamente desde el caso Mari Luz, estamos viendo continuamente cómo se producen molestas incursiones en el ámbito judicial de algunos órganos del poder político y viceversa. La amenaza que han hecho las principales asociaciones de jueces de ir a la huelga el 26 de febrero si no se cumplen sus reivindicaciones sólo se puede interpretar como un berrinche o un pataleo debido a estas incursiones. Es necesaria una nueva Oficina Judicial y la incorporación de tecnologías informáticas en los juzgados, que es lo que piden, pero estas carencias no justifican el colapso que pretenden provocar.
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