El Congreso, el Senado y los distintos parlamentos
autonómicos deberían crear un órgano
regulador para que supervise la gestión de las Mesas Parlamentarias. A este
órgano se le debería dar la potestad de sancionar o expulsar, si fuera
necesario, aquellos miembros de las Mesas que intencionadamente paralicen la
actividad parlamentaria buscando con ello algún tipo de rédito partidista o electoral.
A nivel estatal –desde que dio comienzo la actual legislatura– hemos visto como
el PP, en consenso con Ciudadanos, ha ralentizado o bloqueado la tramitación de
iniciativas, enmiendas, proyectos de Ley y no de Ley debido al control que
ejercen sobre las decisiones que se toman en la Mesa del Congreso de los
Diputados. A nivel autonómico, estamos viendo como la Mesa del Parlament de
Cataluña da su consentimiento a diputados independentistas para que puedan
votar leyes que son incluso inconstitucionales. En mayor o menor medida –o
gravedad– la extralimitación de las Mesas se observa en todos los parlamentos
de España. Este tipo de engaños no pueden permitirse en un Estado Derecho. Lo
menoscaban.
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