Dice Mariano Rajoy que los certificados de credibilidad los
reparten los ciudadanos. Pero lo que no dice es que, cuando lo hacemos, los
otorgamos con fecha de caducidad. A veces ocurre incluso que pocos meses
después de haber introducido la papeleta electoral–cédula fedataria de nuestra
confianza– en la urna, los ciudadanos ya estamos arrepentirnos de la decisión
tomada. Hoy en día es difícil, por no decir imposible, encontrarse un partido
político que cumpla con su programa electoral. Aunque sea mínimamente. Las
huelgas y protestas que perlan por doquier son corolario de estos
incumplimientos. Desde las pasadas elecciones generales de 2016, están
ocurriendo asuntos muy graves en España. No creo que haga falta numerarlos. Pero
sí pronunciarse en el sentido de que las respuestas que se dan desde Moncloa y el
Congreso para paliar estos problemas –algunos de Estado– son del todo
ineficaces. Por no decir improvisadas. Ante todo lo dicho, es de obligada
necesidad la celebración de unas nuevas elecciones generales. Mariano Rajoy
debe disolver las Cortes cuando le sea posible. El pueblo debe reconducir esta
situación según su criterio. Y todas las formaciones políticas han de ser de
nuevo evaluadas. Las urnas dirán qué políticos merecen o no renovar el
«certificado de credibilidad».
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