La Junta de Andalucía pretende que los 260.000 funcionarios
que tiene esta comunidad trabajen a partir del mes de enero dos horas y media menos a la
semana –de 37,5 horas a 35 horas–, que cobren un 1% más de sueldo; contratar
a nuevos funcionarios para cubrir esas horas de ausencia y que todo esto lo
pague el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al que han
solicitado 3.525 millones de euros por no ser
capaces de cerrar en positivo los presupuestos del próximo año. Una
iniciativa que raya tanto la demagogia como el escándalo. Demagogia, porque a
pesar de que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sabe que esta medida se
la va a tumbar el Tribunal Constitucional, pues ya lo hizo en Castilla-La Mancha
cuando sucedió algo similar, sigue adelante con ella con el único fin de
ganarse la simpatía del funcionariado. Y escándalo, porque de aprobarse, se
produciría una injusticia con los empleados del sector privado, que siempre se
ven obligados a trabajar más horas que
los funcionarios y que no cuentan con el amparo que ellos tienen de la
Administración para conservar sus trabajos. No es hora de hacer prebendas. Es
hora de mirar por igual los derechos de
todos los empleados.
La Razón / English____________
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