Dudo mucho que Alejandro Sanz, Ramoncín o cualquier otro
músico, escritor o productor de cine pague derechos de autor a los arquitectos
que diseñaron sus casas o a los ingenieros que crearon sus coches. Cada obra, invento
o descubrimiento que se hace tiene su autor. Pero solamente los que pertenecen
al mundo de la cultura se creen con el derecho de poder cobrar por su trabajo
una y otra vez, indefinidamente. Coartando, además, el legítimo derecho de los
verdaderos propietarios de su creación, que son los compradores, para hacer lo
que le quieran con su pertenencia, inclusive una copia para un amigo o un
familiar si así lo estiman (sin ánimo de lucro). Jamás entendí el canon digital
que instauró en el año 2008 el Gobierno de Zapatero, que suponía un ingreso a
las gestoras de derecho de autor de 115 millones de euros al año. Este gravamen
lo impuso Zapatero dando por hecho que todos los que comprábamos medios
digitales de grabación –CD,
DVD, USB o discos duros– éramos unos adictos del pirateo. Tampoco
entendí por qué en el año 2011 el Gobierno del PP almibaró un poco esta ley
pero la siguió manteniendo. Me congratula, por tanto, saber que el Tribunal
Superior de Justicia haya decidido recientemente eliminar este canon. El
pirateo hay que perseguirlo y castigarlo cuando se produzca, no antes. Y en cuanto
a los derechos de autor, hay que limitarlos. No pueden durar eternamente.
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