El Gobierno debe pronunciarse de manera inmediata
ante las reiteradas amenazas que están recibiendo los funcionarios de Cataluña
por parte de algunos parlamentarios de JxSí si éstos se niegan a obedecer la Ley
de Transitoriedad Jurídica –que establece las bases para la desconexión con
España– y que será aprobada este verano en el Parlament de Cataluña. «Sufrirán
y serán sancionados, incluidos los Mossos reacios al proceso soberanista si
rechazan cumplir con la nueva ley», ha llegado a decir el parlamentario de JxSí
Lluís Llach en varias de sus charlas independentistas. Unas declaraciones que
son del todo inaceptables. Por tanto, es realmente necesario que el Ejecutivo mande
a los funcionarios catalanes un mensaje tranquilizador de apoyo y que se
ofrezca a buscar una solución para poder sacarles del secuestro político en el
que se encuentran.
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